Lejos de mejorar las condiciones de accesibilidad a la vivienda, la Ley de la Vivienda está complicando gravemente el panorama por los efectos de la drástica reducción de la oferta que se está produciendo.
A la administración le han entrado las ansias de legislar absolutamente todo como si fuera el mantra gracias al cual puede lograr el objetivo que desea. El problema es que los idealismos, muchas veces son eso, solamente ideales, además, difíciles de cumplir. En el diccionario de la lengua española se describe el idealismo en una de sus acepciones como “aptitud de la inteligencia para idealizar”.
Tras más de un año en el que desde el minuto uno se ha demostrado el nefasto resultado que ha tenido en el mercado la aplicación la Ley de Vivienda que han parido desde el gobierno de España, basado en unos idealismos que poco tienen que ver con la realidad, lejos de hacer un mínimo ejercicio de autocrítica, siguen desgraciadamente en aplicar aquello de “si no quieres taza, pues toma taza y media”; ahora, mediante la designación de zonas tensionadas y la consiguiente imposición de la limitación de las rentas, que es idealmente perfecto, pero que en la realidad me temo que va a tener nuevamente un efecto pésimo no solo para arrendadores sino también, y especialmente, para los arrendatarios.
Mis 40 años de experiencia en el sector me han enseñado que cuando un inversor entra en el mercado del arrendamiento de inmuebles tiene principalmente un doble objetivo: obtener una rentabilidad y recuperar la vivienda en un estado adecuado.
La realidad es que una grandísima parte de los propietarios cuyos inmuebles se alquilan en nuestra zona de influencia son pequeños propietarios que tienen ese inmueble fruto de muchos años de trabajo, ya sea de uno mismo o de sus padres o familiares de los que han podido heredarlo y que lo que pretenden es simplemente complementar su ahorro de cara a su jubilación.
Mis 40 años de experiencia en el sector me han enseñado que cuando un inversor entra en el mercado del arrendamiento de inmuebles tiene principalmente un doble objetivo: el primero es el de obtener una rentabilidad adecuada y, por tanto, que el inquilino le pague; y el segundo, que le cuiden la vivienda durante el periodo que ésta se encuentre arrendada y recuperarla en un estado adecuado cuando termine el arrendamiento.
Si se rompe el equilibrio de estos dos factores esenciales, obtención de rentabilidad y cuidado del bien, se rompe el interés del inversor en mantener su dinero en esa inversión, y mayormente, cuando se suman otros problemas como el de las dificultades añadidas en la recuperación de un inmueble por su propietario cuando no se le abonan las rentas.
Lo que la nueva ley ha conseguido, lejos de mejorar la seguridad del arrendador e inversor, es ahondar en lo contrario. Al propietario hoy le acosa el miedo a que un inquilino le deje de pagar y que además resulte ser clasificado o se autoclasifique como vulnerable como una invitación a incumplir con sus obligaciones contractuales con todas las consecuencias que esto le puede acarrear o simplemente le toque lidiar con los okupas o los alquiokupas.
Se está enviando a la población el mensaje equivocado de que todo vale y que si tienes un mínimo problema, no te preocupes que el propietario del inmueble se hace cargo del mismo, que para eso es el pringao de la historieta.
Tristemente, esto no es un cómic que lo aguanta todo y ante semejantes riesgos, y dado que el dinero tiene miedo y busca seguridad -recordemos que cuesta mucho esfuerzo ganarlo y ahorrarlo-, lo que hace es huir de ese riesgo, en este caso, del mercado de arrendamiento de vivienda.
Y ahí está el resultado ya demostrado y palpable de la Ley de la Vivienda, que lejos de mejorar las condiciones de accesibilidad a la vivienda, la está complicando gravemente por los efectos de la drástica reducción de la oferta que se está produciendo al provocar tanto la no entrada en el mercado de nuevos inversores como una huida masiva del mercado de arrendamiento de vivienda habitual por parte de ese pequeño inversor que, dada la inseguridad que les produce la legislación y la escasa o nula protección que encuentran, decide retirar su inversión del mercado vendiendo la vivienda, dejándola vacía o destinándola a otro tipo de arrendamientos como el de temporada, produciéndose además el efecto añadido del incremento de precios.
¿Alguien da más?
Por desgracia, parece que nuestros gobernantes si dan más y van a meter una nueva marcha ahondando y agravando el problema mediante la aplicación de toda la batería de limitaciones de que aún dispone la propia Ley de la Vivienda o fabricando nueva artillería a modo de normas limitadoras en vez de afrontar las verdaderas soluciones que se está demostrando que realmente no se encuentran ahí.
Curiosamente, he escuchado a diversos políticos hablar de las negativas consecuencias de la Ley de la Vivienda en el mercado durante su primer año de vida y, sin embargo, acto seguido y con una determinación asombrosa, decir que se va a seguir profundizando en su aplicación mediante medidas como la declaración de las zonas tensionadas o la limitación de las rentas, muy lejos de medidas que hagan atractivo el mercado de la vivienda para que haya más propietarios decididos a entrar en ella para rentabilizar su patrimonio.
Me temo que no rectificarán, sumarán más tensión con políticas erráticas y terminarán de “echar” del mercado a otro buen número de propietarios incrementando aún más el problema que están encontrando, ya hoy, miles de personas y familias para encontrar una vivienda donde vivir y poderlo hacer además de forma asequible.
Se engañarán ellos mismos, nos engañarán a nosotros, pero finalmente los paganos, quienes sufriremos las consecuencias, como en tantas ocasiones, seremos nosotros. Y mientras tanto, lo aguantamos todo… y sin rechistar. La autocrítica, ¿para qué?
Artículo original publicado en Noticias de Gipuzkoa.
