Quiero ahondar en un tema, que seguramente pase inadvertido a la mayoría, al hilo de una de las acciones realizadas desde la administración para dar solución a la problemática existente en relación a la vivienda, y en concreto al mercado de arrendamiento de vivienda, y que es reflejo de la deriva a la que se dirige nuestro país en cuanto a la seguridad jurídica, o quizás deberíamos decir mejor inseguridad jurídica, que disfrutamos cada vez en más ámbitos.
Una de las fórmulas utilizadas desde el Gobierno Vasco para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, a precios asequibles, a personas con menos recursos es la referida al programa Bizigune. Es una fórmula que me parece perfecta y es una de las acciones que suman para solucionar el grave problema de la vivienda.
Dentro del programa, para que los propietarios que decidan “renunciar” a los precios de mercado, y en consecuencia ofertar sus viviendas en alquiler a precios reducidos fijados por la administración, ofrece las siguientes contrapartidas: por una parte, la seguridad y garantía por parte de la propia administración para el cobro de las rentas; por otra parte, obtener la garantía y seguridad de que la vivienda les será devuelta en el mismo estado en el que se entrega.
El resto de condiciones, como pueden ser las ventajas fiscales, digamos que difícilmente compensan la reducción de precio exigida para entrar en este tipo de arrendamientos y la prueba, por lo menos en nuestra ciudad de San Sebastián y en su área metropolitana, es el escaso volumen de propietarios que se adhieren a estas propuestas.
Es preocupante que la propia administración esté ‘vendiendo’ la seguridad en el cobro de las rentas y la devolución de la vivienda en el mismo estado como principal ventaja
Triste, lamentable y preocupante
Pero sin entrar en consideraciones sobre el mayor o menor éxito de estas iniciativas de la administración, lo que quiero en este artículo es hacer mención a un aspecto que me llama muchísimo la atención.
Me refiero a que es realmente triste, lamentable y sobre todo preocupante que en un estado de derecho y una democracia moderna como la que impera en nuestro país la propia administración este “vendiendo” como principal ventaja para atraer a los propietarios que quieren arrendar su vivienda a precios económicos, la seguridad en el cobro de las rentas y la devolución de la vivienda en el estado en el que la misma se entregó al inicio del arrendamiento.
¡Están ofreciendo como ventaja algo que la propia ley de Arrendamientos exige y que en los propios contratos de arrendamiento se incluye! Esto es, que el arrendatario o inquilino está obligado a cuidar la vivienda, pagar las rentas y además hacerlo en plazo.
Supongo que estarán de acuerdo conmigo en que si la propia administración ofrece esto que debería ser lo normal como una ventaja excepcional es que algo no funciona nada bien.
Seguramente significa que es cada vez más habitual que los arrendatarios o inquilinos, por distintos motivos y circunstancias, dejan de cumplir con las obligaciones que la propia ley impone lo cual nos lleva a una situación insostenible donde impera la inseguridad jurídica. Si determinadas leyes pueden no ser cumplidas, lo más grave de todo es que acabará calando entre los ciudadanos la conciencia de que las leyes, en el fondo, no siempre hay que cumplirlas y que incluso podemos decidir libremente frente a ellas en función a nuestros intereses. Y ahí están como ejemplo las recientes manifestaciones con los llamamientos a la rebeldía en el pago de las rentas.
Están ofreciendo como ventaja algo que la propia ley de Arrendamientos exige y que en los propios contratos de arrendamiento se incluye.
Pero lo peor es que al final todo esto afecta directamente a los valores que deben guiar la convivencia entre los humanos, valores que quedan tocados y nos llevan directamente a empeorar la calidad de las relaciones humanas a todos los niveles, degradando en consecuencia la propia convivencia y calidad de vida de todos.
Si la propia administración, para atraer a propietarios que quieran arrendar sus viviendas a precios con un descuento importante en relación a los precios de mercado, vende como ventaja principal que si van de su mano van a cobrar seguro y van a recuperar su vivienda en buen estado al final del alquiler, supongo que significa que la propia administración entiende que fuera de su paraguas existe una situación de plena inseguridad, que por cierto, es provocada y permitida por la propia administración que es la única capacitada para poner remedio a la misma.
Hacer cumplir las normas
Si eliminamos la función de control y garantía del estado para hacer cumplir las normas y sobre todo para que la población sea consciente de que es obligatorio que se cumplan, nos gusten o no nos gusten, tenemos un gravísimo problema.
Los que somos cabezas de familia establecemos las normas y la disciplina de cumplimiento de las mismas por todos los miembros de la familia en nuestras propias casas y cuando no lo hacemos las consecuencias finales no suelen ser las deseables. Si aceptamos que nuestros hijos no cumplan esas normas, con regularidad les estamos enviando mensajes claros invitándoles a la “rebeldía”. ¿Les suena?
Si la fórmula de la administración es seguir aceptando y apoyando el incumplimiento de ciertas normas como solución para el problema de vivienda existente actualmente, la administración seguirá enviando claros mensajes dirigidos a la “rebeldía legal”. Lo dicho, preocupante. Quizás deberíamos hacérnoslo mirar ¿o no?
